Obsolescencia programada, ¿dónde reclamar?

Muchos gadgets y aparatos electrónicos acaban su vida útil antes de lo que pensábamos. Cada vez más usuarios y más artilugios se ven afectados por el imprevisto ‘envejecimiento’. Veamos cómo defendernos ante lo inesperado.

Obsolescencia programada ejemplos

Cuando el diseñador industrial Brooks Stevens popularizó el término ‘obsolescencia programada’ en la década de los cincuenta, su significado no coincidía del todo con el actual. Si ahora el concepto alude a la limitación intencionada de la vida útil de un producto por parte del fabricante, en un origen estas dos palabras se referían “no a construir cosas que se deteriorasen fácilmente, sino a la estrategia de instalar en el comprador un deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor y un poco antes de lo que es necesario”.

Ambas variables, la que trata de los fraudes que se cometen en la comercialización de productos defectuosos y la que aborda el aspecto psicológico-emocional, son hoy relevantes a la hora de describir este tipo de prácticas. Prácticas, por cierto, cuyo rastro se remonta a diciembre de 1924, cuando los fabricantes globales de bombillas alcanzaron un pacto para acortar la duración de estas a menos de la mitad de la que proporcionaban hasta entonces (de 2.500 a 1.000 horas, según recoge la revista tecnológica Retina El País).

Solo en Europa se espera que en 2020 se generen 12 millones de toneladas de este tipo de desechos electrónicos

Desde entonces, la lista de productos afectados por la obsolescencia programada es tan extensa que produce bochorno. Desde los casos más sonados en referencia a teléfonos móviles, hasta otros que tienen como protagonistas a impresoras, ordenadores, lavadoras, vehículos o cualquier otro aparato que presente componentes electrónicos. Algo que, además de causar el enfado del consumidor y tener un impacto desastroso en el medioambiente, está empezando a traer consecuencias legales.

Italia fue pionera el pasado octubre al multar con 10 millones de euros a Apple y otros 5 millones a Samsung por considerar que estaban haciendo uso de actualizaciones de software para ralentizar sus terminales. Francia, uno de los países más avanzados en su tránsito a una economía circular, castiga desde 2015 con penas de hasta dos años de prisión a los responsables obsolescencia programada. Mientras, la Unión Europea ha aprobado una resolución en la que se insta a la Comisión a crear un marco legal para acotar este problema, lo que incluye obligar a los fabricantes a diseñar productos fáciles de ser reparados por un tercero. También se busca que las etiquetas señalen de antemano el tiempo de vida estimado del aparato, que se extiendan garantías más amplias y que haya un registro público de cuánto duran los productos en uso antes de romperse.

«Aunque se haya agotado la garantía de dos años que recoge la ley, el consumidor sigue estando en disposición de reclamar si se demuestra el fraude”

Rubén Sánchez, presidente de la asociación de consumidores Facua

Manual para una electrónica verde

En octubre de 2017, Greenpeace publicó una guía de los proveedores de dispositivos electrónicos en la que puntuaba a los 17 principales a escala mundial en cuanto a sus esfuerzos (o falta de ellos) por reducir su impacto en el medioambiente en la cadena de producción.

Es decir, se evaluaba el uso de energías, consumo de recursos y la eliminación de químicos. La que mejor parada salió fue Fairphone –seguida, sorprendentemente, por Apple–; la que peor, Xiaomi.

En sus conclusiones generales denunciaban la falta de transparencia en el proceso de fabricación de muchas de las compañías analizadas, el uso de diseños en los que se detectaba obsolescencia programada y la necesidad de abordar con urgencia la cuestión de la basura electrónica que, según sus cálculos, sobrepasó a nivel global los 65 millones de toneladas métricas en 2017.

Todo un esfuerzo que, a su vez, hará que el usuario esté más protegido en el futuro ante las estafas. Tal como explica Rubén Sánchez, presidente de la asociación de consumidores Facua, cuando el comprador descubre que ha sido víctima de una estafa de este tipo cuenta con varias opciones: “En algunos casos puede tener derecho a la sustitución del producto por otro nuevo; en otros, a la reparación gratuita del mismo o a una compensación económica si el fallo es irreparable. Aunque se haya agotado la garantía de dos años que recoge la ley, el consumidor sigue estando en disposición de reclamar si se demuestra el fraude”.

Obsolescencia programada reclamar

A las asociaciones de consumidores tradicionales (como la propia Facua o la OCU) se unen otras nuevas especializadas en la materia. Se trata, por ejemplo, de Feniss (Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada), quienes han implementado su propio sello de calidad con el que se distingue a las empresas comprometidas con el medioambiente, cuyos productos son probadamente longevos y fácilmente reparables. Un ejemplo de buenas prácticas en el campo de la sostenibilidad que hasta ahora ha premiado a 15 compañías, entre las que se encuentra el gigante japonés Casio o a la productora de bombillas española Light & Life. A fin de cuentas, saber en qué fabricantes se puede confiar es el primer paso para ahorrarse reparaciones prematuras, desechos contaminantes y, cómo no, muchos disgustos.

¿Cuánto cuesta la obsolescencia programada?

En su cruzada contra este tipo de prácticas fraudulentas, la organización Feniss ha hecho sus propios cálculos y ha llegado a la conclusión de que una persona puede llegar a desembolsar entre 20.000 y 30.000 euros a lo largo de toda su vida en aparatos diseñados para fallar de manera acelerada (sin contar con la inversión en vehículos). Algo que, como se ha señalado previamente, tiene un coste medioambiental altísimo.

Según remarca el presidente de la organización, Benito Muros, en la Unión Europea “se usan cada año 66.000 millones de toneladas de materias primas para consumir como lo hacemos –unos 43 kilos por europeo y año–, frente a los 10 kilos que consume un africano. Lo que, a su vez, genera millones de toneladas de residuos electrónicos que no sabemos ni dónde meter”.

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